Superliga: los políticos europeos le dan una paliza al modelo deportivo estadounidense

Para los políticos, la Superliga europea representó un gol a puerta vacía. Los planes para el torneo separatista de clubes de élite se desintegraron en un par de días. Primeros ministros y presidentes como Boris Johnson, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez expresaron la furia de los fanáticos. La mitad inglesa de la “docena sucia” de clubes de fútbol que se inscribieron en la Superliga se retiró el martes por la noche.

Las empresas suelen juzgar mal los estados de ánimo nacionales, ya que tienen percepciones sesgadas por las proyecciones de beneficios y el asesoramiento legal. Hacerlo a esta escala fue algo especial. Más allá del flagrante error de cálculo por parte de los jefes del club, el patrocinador financiero del proyecto, JPMorgan, desempeñó el papel de un banco multinacional totalmente ‘sordo’ que pisotea las sensibilidades locales.

El fallo del proyecto representa una derrota para el modelo estadounidense del negocio de los deportes, en el que los empresarios ricos intentan maximizar las ganancias de los equipos en ligas cerradas en las que sólo los equipos miembros pueden jugar.

Tres de los mejores clubes ingleses tienen propietarios estadounidenses. El vicepresidente del Manchester United, Ed Woodward, ex banquero de JPMorgan, fue una figura clave en la Superliga. Sus propios jugadores, incluyendo el políticamente influyente Marcus Rashford, estaban descontentos. Woodward ahora ha dimitido.

Sin embargo, el intento de golpe de Estado contra la Liga de Campeones de Europa fue liderado por Florentino Pérez, el presidente español del Real Madrid. El contexto que dio origen a la Superliga está basado en la reducción de los ingresos y el incremento de las pérdidas en el fútbol europeo. En la temporada 2019-2020, los ingresos de los 20 principales clubes de fútbol cayeron un 12%, según Deloitte. Los ingresos por retransmisiones (aproximadamente la mitad de los ingresos) se han desplomado un 23% (a €937 millones) para los mejores equipos, en parte debido a los aplazamientos de pago que les impusieron los grupos de medios después de un período de cancelaciones de juegos.

Así, un plan separatista largamente discutido tomó forma más firme. Se prometieron bonos de bienvenida opulentos de entre €200 y €300 millones. Fundamentalmente, el apoyo inicial de las grandes emisoras o los grupos de transmisión estuvo ausente. Para grupos como Sky, BT Sport o Canal+, la nueva liga no representó ni una amenaza ni una oportunidad.

No habrá ningún cambio significativo al alza en los derechos de transmisión que los clubes pueden extraer. Ésa era ya la expectativa en la competición más rica, la Premier League inglesa.

Los estudiantes de malas decisiones deberían reflexionar sobre por qué los jefes de la Superliga se equivocaron tan estrepitosamente. Un error recurrente que cometen las empresas es sobrevalorar los consejos de los abogados para tomar decisiones públicamente sensibles. La frase “no hay nada que los gobiernos puedan hacer legalmente” se difundió cuando el esquema de la Superliga comenzó a desmoronarse.

La falta de un recurso legal inmediato no impide que los políticos descarrilen las combinaciones de negocios, destituyan a los directores ejecutivos y aplasten los precios de las acciones en sectores impopulares. Las finanzas —y, uno sospecha, los abogados comerciales— perdieron contundentemente este partido.